Chile activa un plan piloto con taser en violencia intrafamiliar: qué cambia y por qué ahora
Chile pondrá a prueba una herramienta que levantará miradas dentro y fuera del país: a partir de marzo de 2025, Carabineros podrá usar pistolas taser exclusivamente en procedimientos por violencia intrafamiliar (VIF) en la Región Metropolitana. La decisión llega tras años de debate, un stock inútilmente almacenado que acabó vencido y un escenario complejo: las llamadas por VIF son una de las razones más frecuentes de intervención policial y, a menudo, las más imprevisibles y peligrosas puertas adentro.
El plan, confirmado por el Ministerio del Interior, parte acotado y con reglas estrictas. Las taser se ubican como arma de “nivel 4” en la escala de uso de la fuerza y solo podrán activarse frente a “agresión activa” cuando exista una amenaza inminente contra funcionarios, víctimas, terceros o incluso el propio agresor. La descarga, programada para limitarse a un máximo de cinco segundos, busca inmovilizar temporalmente al sospechoso sin provocar lesiones permanentes.
La memoria del fracaso pesa: durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se adquirieron dispositivos por un monto millonario y nunca se desplegaron; caducaron con su vida útil de cinco años sin pasar a terreno. La pérdida de recursos marcó a fuego cualquier discusión posterior. Esta vez, Interior y Carabineros ponen el foco en un uso quirúrgico, comenzando por un ámbito en el que el riesgo de escalamiento es alto y el espacio de maniobra, reducido: viviendas, pasillos estrechos, niños presentes y emociones a flor de piel.
El subsecretario del Interior, Luis Cordero, justificó la decisión como una alternativa intermedia entre el diálogo y el arma de fuego. En paralelo, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, valoró el piloto y abrió la puerta a evaluaciones futuras para ampliar el uso, siempre con protocolos preventivos contra la fuerza desproporcionada. Traducido: el Gobierno quiere datos antes de mover la frontera.
Hoy Carabineros dispone de 30 unidades, no todas listas para salir a la calle. Habrá entrenamiento y certificación obligatoria, con práctica anual y módulos sobre efectos fisiológicos, riesgos médicos y técnicas de aplicación. La hoja de ruta incluye nuevas compras en el segundo semestre de 2025, ya autorizadas, con la meta de ejecutar los primeros procedimientos operativos antes de que termine ese año.
Qué dice el plan piloto y cómo operará: reglas, entrenamiento y control
La arquitectura del piloto apuesta por cerrar flancos desde el día uno. No se trata de sumar “gadgets”, sino de integrar una herramienta en un protocolo que ya distingue fases: presencia, comunicación, control físico, medios menos letales y, en último término, arma de fuego. Las taser entran en ese tercer escalón, cuando las señales de peligro real superan los intentos de desescalada verbal.
El protocolo operativo, según Interior y Carabineros, marca límites claros:
- Activación solo ante “agresión activa” y amenaza inminente para funcionarios, víctimas, terceros o el propio agresor.
- Descargas restringidas a pulsos de máximo cinco segundos. Se descarta el uso prolongado o continuo.
- Prohibición de disparar a zonas corporales sensibles.
- Prohibición de usar en modo de contacto (aplicación directa sobre la piel) y de apuntar a la cabeza o el cuello.
- Prohibición absoluta de uso en niños, niñas y adolescentes.
- Obligación de anunciar la intención de uso antes de la activación, cuando la situación lo permita.
En paralelo, la formación apunta a homogenizar criterios. Los funcionarios autorizados deberán aprobar cursos teórico-prácticos, revalidar cada año su certificación y conocer con detalle los efectos, límites y contraindicaciones. La idea es que el operador no solo domine el dispositivo, sino que sepa leer el contexto: quién está presente, cómo reducir riesgos colaterales, qué hacer si el objetivo cae al suelo, cómo coordinar con el equipo que asegura la escena.
El diseño del entrenamiento contempla tres pilares: técnico, jurídico y sanitario. En el técnico, se evalúa puntería, distancia adecuada, comunicación con la patrulla y transición a otras medidas si la primera descarga no surte efecto. En el jurídico, se refuerzan principios de necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, con énfasis en los límites del piloto: solo VIF, solo Región Metropolitana, solo ante agresión activa. En el sanitario, se abordan riesgos en personas con condiciones cardíacas, crisis psiquiátricas, embarazos o consumo de sustancias, y se instruye en observación posterior a la intervención y primeros auxilios básicos.
La administración de la evidencia y la trazabilidad del uso también son parte de la ecuación. Cada activación deberá quedar asentada en el parte policial y en los sistemas internos de Carabineros, con detalle del contexto, la justificación, el resultado y cualquier atención posterior. Ese material sirve para auditorías, eventuales investigaciones y la evaluación del piloto en su conjunto.
En cuanto al despliegue, el plan comienza en la Región Metropolitana por volumen de procedimientos y posibilidad de monitoreo cercano. La selección de unidades incluirá patrullas con alta exposición a VIF y equipos que ya realizan rondas focalizadas. El objetivo: probar en entornos diversos, desde comunas densas con edificios y pasillos estrechos hasta sectores periféricos con viviendas unifamiliares.
La relación con otros actores del ecosistema VIF es clave. La coordinación con el Ministerio Público, el SernamEG, salud y redes locales de protección permitirá que la intervención policial no quede aislada. En muchos casos, la escena deja víctimas con lesiones, niños en shock y disputas patrimoniales. La taser, por sí sola, no resuelve esa madeja, pero puede bajar el umbral de riesgo cuando hay armas blancas, amenazas de autolesión o intentos de estrangulación.
El Gobierno comprometió una evaluación robusta durante el segundo semestre de 2025. ¿Qué mirarán? Al menos cinco indicadores: reducción de lesiones en víctimas y funcionarios; incidentes en que se evita el arma de fuego gracias a la taser; cumplimiento de protocolos (anuncio, duración, zonas prohibidas); reclamos y denuncias recibidas; y consistencia en el registro de los procedimientos. Con esa fotografía, La Moneda definirá si mantiene el plan, lo expande a otras regiones o ajusta reglas.
La discusión social no es menor. Quienes respaldan el piloto subrayan que las patrullas acuden a escenas cargadas de violencia, a veces con agresores armados y menores de edad al lado. En ese cuadro, una herramienta menos letal reduce la probabilidad de desenlaces fatales. Del otro lado, organizaciones de derechos humanos piden bordes más gruesos: capacitación intensiva en desescalada, mecanismos independientes de supervisión, obligación de reporte público y sanciones claras cuando se infrinja el protocolo.
El precedente pesa doble. La compra millonaria de años atrás quedó en nada y la ciudadanía ha visto cómo las inversiones en seguridad, cuando fallan, se transforman en frustración. Ahora, Hacienda autorizó nuevas adquisiciones en el segundo semestre de 2025, pero el énfasis está en empezar con poco, medir y recién después escalar. En simple: construir sobre evidencia, no sobre expectativas.
¿Riesgos? Sí, y no son un misterio. Experiencias internacionales describen que las lesiones graves por taser son infrecuentes cuando el uso se apega a protocolo, pero no imposibles. Hay antecedentes de arritmias, caídas con traumatismos y eventos complicados en personas con condiciones preexistentes o bajo drogas estimulantes. Por eso, el piloto veta las descargas prolongadas, el contacto directo y las zonas sensibles, además de prohibir el uso en menores. Son cortafuegos diseñados para reducir el margen de daño.
El contexto comparado ayuda a aterrizar expectativas. En Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, la adopción de taser vino acompañada de reglas estrictas, cursos recurrentes y mecanismos de control externo. Las agencias que mejor desempeño muestran son las que combinan técnica con cultura institucional: documentación exhaustiva, revisión de casos críticos y formación que no se queda en el aula. Chile dice aprender de esa mochila y, por lo visto, parte con una versión acotada del instrumento.
Un punto sensible es la frontera del “caso taser”. El Gobierno fue explícito: no se autoriza su uso en manifestaciones, controles de identidad u otros procedimientos. Solo VIF. Se busca evitar que la herramienta se normalice como atajo frente a la resistencia a la autoridad o la desobediencia. La vara es alta a propósito: si el piloto se descarrila por usos fuera de protocolo, la expansión quedará herida de muerte antes de nacer.
También asoma el desafío práctico. Treinta equipos para una región de más de siete millones de habitantes obligan a priorizar. ¿Quién los lleva? ¿Qué turnos? ¿Qué pasa si el dispositivo falla o la descarga no inmoviliza? En estos escenarios, la regla es no improvisar: si el pulso no funciona, la patrulla debe transitar a otras técnicas de control, siempre bajo proporcionalidad. Por eso la certificación pide entrenar la transición y la coordinación de roles dentro del binomio o trinomio policial.
El enfoque sanitario no es accesorio. La intervención con taser suele acabar con el sospechoso en el suelo. Evitar golpes secundarios, evaluar signos vitales y activar los servicios de salud cuando corresponde son pasos que el protocolo incorpora como estándar. Lo mismo con la custodia de los dardos y el resguardo de la escena para eventuales peritajes.
En VIF, el tiempo y el tono lo son todo. Muchos agresores alternan súplicas y amenazas en minutos; las víctimas, entre miedo y protección del agresor. La herramienta no reemplaza la palabra ni el criterio. El piloto insiste en que la comunicación debe preceder a la descarga, salvo riesgo inminente. Y que el parte describa de forma clara por qué la intervención escaló hasta el nivel 4.
El termómetro político apunta a una ventana estrecha. La seguridad pública es prioridad y la violencia intrafamiliar preocupa a todos los sectores. El apoyo del gobierno regional y la conducción técnica de Interior le dan piso al piloto, pero la validación final será empírica: menos lesionados, menos armas de fuego desenvainadas, menos reclamos por exceso. Si esa ficha cae de cara, la expansión es probable. Si cae de cruz, el debate volverá al origen.
Al final, el país se juega algo más que la adopción de un dispositivo. Se prueba la capacidad de ordenar la fuerza bajo reglas claras, aprender de errores caros y proteger a víctimas en espacios donde la policía entra a ciegas. El plan piloto con taser no promete milagros, pero sí una posibilidad: intervenir con menos daño en el lugar donde la violencia se esconde detrás de la puerta.