Fuerza Ciudadana acusa a Jeannette Jara y La Ligua de campaña anticipada

Cuando Jeannette Jara apareció en la Plaza de Armas de La Ligua el 12 de septiembre de 2025, Raimundo Palamara, presidente y abogado de la Fundación Fuerza Ciudadana, no tardó en presentar una denuncia ante el Servel. La acusación señala una supuesta campaña anticipada que habría utilizado recursos municipales, vulnerando la Ley 18.700. El caso involucra también a la Municipalidad de La Ligua, dependiente de la Región de Valparaíso, y a la Delegación Presidencial Provincial de Petorca, autoridad que, según la defensa municipal, autorizó el evento.

Contexto y antecedentes

Chile lleva años luchando contra las "campañas anticipadas", esas maniobras que buscan romper la rígida calendarización electoral establecida por la Ley 18.700. En la última vuelta presidencial, Servel registró 124 denuncias de uso indebido de recursos públicos antes del periodo legal, de las cuales 37 derivaron en sanciones económicas que superaron los 2,8 millones de pesos. La normativa es clara: ninguno de los entes públicos puede participar en actividades de proselitismo fuera de la ventana oficial.

Jeannette Jara, conocida por su perfil dentro del bloque oficialista, ha mantenido una agenda bastante activa en la zona de Valparaíso, donde la militancia local es especialmente influente. Su visita a La Ligua coincidió con la celebración de las Fiestas Patrias, una fecha que suele atraer a numerosos candidatos en busca de reforzar su presencia en el interior.

Detalles de la denuncia

Según el escrito presentado el 17 de septiembre, la Fundación Fuerza Ciudadana encontró pruebas –fotografías, testimonios de vecinos y registros de horarios de empleados municipales– que indican que la municipalidad habría puesto a disposición de la campaña de Jara personal de limpieza, seguridad y sonido el día del evento. Palamara argumenta que, aunque la convocatoria haya sido emitida por el grupo “Amigos por Jeanette Jara”, la ejecución de la logística dependía de recursos municipales.

"Esta no es una mera coincidencia, es un uso indebido del erario público que vulnera los principios de probidad y la imparcialidad que la Constitución obliga a nuestras instituciones", declaró Palamara en la presentación oficial. Añadió que la falta de transparencia en la autorización del evento dificultó la fiscalización por parte de la ciudadanía.

• Fecha del supuesto evento: 12‑09‑2025.
• Fecha de la denuncia: 17‑09‑2025.
• Ley vulnerada: Ley 18.700, artículo 20, que prohíbe la propaganda electoral fuera del periodo legal.
• Entidades involucradas: Fundación Fuerza Ciudadana, Municipalidad de La Ligua, Servel.
• Posibles sanciones: multas de hasta 5 UMAs y la prohibición de uso de recursos públicos por 12 meses.

Respuesta de la Municipalidad de La Ligua

En un comunicado emitido el mismo día de la denuncia, la Municipalidad de La Ligua negó rotundamente cualquier participación institucional. "El evento del 12 de septiembre fue organizado exclusivamente por el grupo de ciudadanos ‘Amigos por Jeanette Jara’ y autorizado por la Delegación Presidencial Provincial de Petorca, no por la municipalidad", subraya el documento oficial.

El portavoz municipal, que prefirió mantenerse en el anonimato, señaló que las imágenes presentadas por la fundación correspondían al desfile oficial de Fiestas Patrias del 18 de septiembre, no al encuentro con la candidata. "Hay una confusión entre dos actos totalmente distintos, uno protocolar y otro ciudadano", explicó.

Además, la municipalidad aseguró que ninguno de sus empleados recibió instrucciones de participar en la convocatoria ni se destinó presupuesto alguno para la actividad. Según sus registros, el único recurso municipal asociado al día 12 fue la gestión del permiso de uso del espacio público, trámite que, como indica la normativa, corresponde a la autoridad provincial competente.

Implicaciones legales y posibles sanciones

El Servel, como órgano autónomo encargado de velar por la legalidad electoral, tiene un plazo de 15 días hábiles para decidir si abre una investigación formal. De confirmarse la infracción, la Ley 18.700 contempla multas que pueden oscilar entre 2 y 5 Unidades de Medida Administrativa (UMA), además de la posible prohibición de emplear recursos municipales para cualquier actividad política durante el resto del mandato.

El profesor de derecho constitucional, Pedro Castillo, de la Universidad de Valparaíso, comenta: "El caso pone en relieve la delgada línea que separa la colaboración institucional de la propaganda. Si el Servel determina que hubo uso de personal o equipamiento público, la sanción será ejemplar, pues la Fiscalía ya ha perseguido casos similares con multas que superan los 3 millones de pesos".

En términos políticos, una sanción contra la candidatura de Jara podría traducirse en una pérdida de credibilidad en la región, a la vez que avivar las críticas de la oposición, que lleva tiempo acusando al bloque oficialista de "instrumentalizar" los recursos municipales.

Próximos pasos y perspectivas

El Servel ha anunciado que realizará una revisión preliminar de la documentación presentada y solicitará a la Municipalidad de La Ligua los registros de horarios, planillas de asistencia y facturas de servicios del 10 al 14 de septiembre. Se espera que la entidad emita su resolución antes del 7 de octubre.

Mientras tanto, la Fundación Fuerza Ciudadana ha intensificado su campaña de sensibilización, organizando charlas en otras comunas de la zona para alertar sobre la importancia de respetar los límites legales en el periodo preelectoral.

En caso de que la investigación concluya sin encontrar infracciones, es probable que la polémica quede en el terreno de la opinión pública, alimentando la desconfianza entre ciudadanía y autoridades locales. Por el contrario, una sanción firme serviría como precedente para futuros procesos electorales y reforzaría la percepción de que las reglas son iguales para todos.

Conclusiones

Lo que está claro es que el debate sobre el uso de recursos públicos en campañas anticipadas sigue abierto y que cada denuncia alimenta la conversación sobre la transparencia en la política chilena. La decisión del Servel será observada tanto por partidos como por organizaciones de la sociedad civil, y podría marcar un punto de inflexión en la forma en que las municipalidades gestionan la interacción con candidatos durante los periodos fuera de campaña.