La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, pasa el Año Nuevo tras las rejas luego de que el Tribunal de Apelaciones de Santiago decidiera revocar su arresto domiciliario. Esta medida marca su tercer ingreso en prisión en el marco de las investigaciones por fraude y malversación de fondos públicos que la rodean.
Esta decisión judicial se tomó después de que la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado apelaran la libertad de la exalcaldesa, argumentando que existía un riesgo persistente de que pudiera obstruir el proceso de investigación o intentar huir del país. Barriga había sido beneficiada con arresto domiciliario en noviembre de 2024, sin embargo, nuevas pruebas llevaron a las autoridades a reconsiderar su estado de libertad.
Entre las pruebas presentadas están las alegaciones sobre el uso indebido de fondos municipales para gastos personales, como la contratación de cuidadores para su hijo. Las acusaciones principales contra Barriga se originan a partir de un déficit municipal de al menos $30.6 mil millones de pesos chilenos descubierto durante su gestión entre 2016 y 2021. Dichas irregularidades incluyen fraudes repetidos, falsificación de documentos y negociaciones incompatibles.
La defensa de Barriga, encabezada por el abogado Cristóbal Bonacic, ha estado insistiendo en opciones menos severas que la cárcel, asegurando que la exalcaldesa no tiene intenciones de fuga y que ha estado colaborando con las investigaciones. No obstante, hasta ahora, la exmandataria ha acumulado un total de 140 días en detención a lo largo de diferentes períodos.
La situación legal de Barriga se complica aún más, ya que el próximo 15 de abril de 2025 enfrentará una audiencia de formalización para abordar nuevos cargos de malversación de caudales públicos y negociación incompatible. Los fiscales mantienen que las evidencias materiales de sus actos delictivos son contundentes, pese a los cambios en las medidas cautelares que se le han impuesto.
Con cada aparición en el tribunal, el caso de Cathy Barriga sigue capturando la atención del público y provocando reflexiones sobre la corrupción dentro de la administración pública chilena. Mientras su defensa lucha por un trato más benigno, el proceso sigue su curso, resaltando las profundas divisiones en las percepciones de justicia y responsabilidad gubernamental.